Los periódicos han vuelto a reanimar la historia de las corrupciones políticas al haberse levantado el secreto del sumario del asunto Pretoria, que llevó a la cárcel preventiva a algunos antiguos altos cargos de la Generalitat.

Los imputados han dicho que lo que estaban haciendo era perfectamente legal. Esto es, asesoramiento inmobiliario, intermediación, una especial de “lobby” cerca de los políticos que tenían que adoptar las decisiones de adjudicar o no la compra de un inmueble o la recalificación de unos terrenos. ¿No se hace esto en los Estados Unidos?

La reflexión es interesante. ¿”lobby” o tráfico de influencias?. ¿O es que el “lobby” no es también un tráfico de influencias?. En cualquier caso el comportamiento tiene que ver con la transparencia que se debe al político y a las instituciones políticas.

El estupor y el aturdimiento de los procesados ha sido enorme. ¡Pero si esto es lo que había hecho toda la vida! Es decir, hablar con un director general, con un “Conseller” y recomendarles un asunto, un promotor, un constructor. Ni más ni menos que lo que ellos mismos habían presenciado cuando estaban en la política activa.

Y sin duda alguna, las gestiones que hacían, tenían que cobrarse. No se iba a perder el tiempo porque sí. ¿Es esto tráfico de influencias? ¿Se pretendía influenciar a quien iba a tomar las decisiones? Sí, sin duda. ¿Se aprovechaba el peso político que hubieran tenido los imputados para asegurar el éxito de las gestiones? Sí, sin duda. ¿Cobraban los políticos afectados, los que estaban en activo?

Si cobraron, los delitos se produjeron. Sin ninguna duda. En otro caso, el interrogante está en el aire.

27 de Mayo de 2010